Invitados: Hacienda, General, Personería, Contraloría, Isvimed, secretario de Hacienda de Bello, Agencia App, Sapiencia
En la segunda jornada de socialización del Proyecto de Acuerdo 56 de 2025, se continuó con el análisis del proceso de enajenación de bienes inmuebles del Distrito, con el propósito de fortalecer la transparencia en el uso de los recursos, garantizar una administración patrimonial más eficiente y avanzar en los proyectos de vivienda social y desarrollo urbano.
Durante la sesión, la concejal Leticia Orrego Pérez, coordinadora de ponentes, destacó que el proceso brinda confianza a la ciudadanía, ya que ha sido trabajado con rigurosidad y compromiso, y aunque los cobros que recibe la administración en muchos casos son mínimos, estos requieren una ejecución adecuada y una presentación transparente de la información.
En este sentido, insistió en que todos los actores institucionales deben velar por la protección de los recursos públicos, ya que, por pequeños que parezcan, son fundamentales y deben considerarse sagrados; por ello, se continúa con la depuración del inventario de bienes.
Por su parte, el corporado Andrés Felipe Tobón Villada, integrante de la comisión de ponentes, sostuvo que este tema implica un nivel alto de complejidad debido a la existencia de propiedades que no generan rentabilidad y sí representan múltiples problemáticas para la ciudad.
En consecuencia, planteó la necesidad de repensar la lógica institucional con la que se reciben bienes, ya que muchos de ellos se registran contablemente como ingresos, pero en la práctica, se convierten en cargas que demandan recursos y gestión; por lo que propuso avanzar en la creación de un procedimiento distrital que establezca criterios claros para decidir si es conveniente o no aceptar determinados activos.
A su vez, Mario Montoya Vanegas, representante de la Secretaría de Suministros, manifestó que el Distrito debería estudiar si es conveniente o no aceptar propiedades sobre las cuales no tenga un control total y por ello sugirió que la Alcaldía cuente con la potestad de decidir de manera anticipada si recibe o no estos bienes, ya que en muchos casos resulta preferible no aceptar activos en dación de pago para evitar futuros inconvenientes administrativos.
Asimismo, Francisco Isaza, representante de la Secretaría de Hacienda, precisó que gran parte de estos bienes provienen de procesos de insolvencia regulados por normas judiciales específicas, lo que obliga al Distrito a participar y someterse a dichas disposiciones.
En este contexto, los procesos de remate resultan complejos porque se realizan de acuerdo con las acreencias reportadas, y por esta razón, subrayó que la Administración debe enfocar sus esfuerzos en la defensa del patrimonio público y en la protección de los recursos de Medellín.
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